En los últimos meses, el Municipio de San Isidro modificó silenciosamente uno de los pilares históricos de su sistema de salud pública: la prioridad para los vecinos. El intendente Ramón Lanús firmó un pedido formal para que el distrito adhiera a la Ley Provincial 10.989, con la posterior aprobación del Concejo Deliberante, gracias a los votos del oficialismo, Convocación y el bloque peronista.
Los únicos que se opusieron fueron los concejales de Acción Vecinal San Isidro es Distinto, que alertaron desde el principio sobre las consecuencias de esta medida.

¿Qué implica esta ley?
Para entender el alcance de la norma a la que San Isidro se adhirió, hay que partir de una situación ya conocida: desde hace décadas, como otros municipios, San Isidro recupera parte del costo de atención de pacientes con cobertura social (obras sociales, mutuales, prepagas) que se atienden en el sistema de salud pública.
La Ley Provincial 10.989 a la que adhirió Lanús, sin embargo, no es solo una herramienta para ordenar ese recupero. Según su artículo 5°, adherir a esta ley implica integrarse al Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO), creado por el Decreto Ley 8801/77.
Y es allí donde aparece el verdadero cambio.
El artículo 2° del Decreto establece que los hospitales municipales que integran el SAMO deben garantizar la atención a todos los habitantes de la Provincia de Buenos Aires, sin distinción ni prioridad por lugar de residencia.
Para ser textuales: “ARTICULO 2°: Para el cumplimiento de su misión el S.A.M.O. deberá: a)  Organizar, programar y administrar la Atención Médica Sanitaria de manera tal que se asegure a todos los habitantes de la Provincia el cuidado integral de la Salud”
Dicho de otro modo, es cierto: el Hospital Central de San Isidro ya no es exclusivamente para los vecinos.

¿Y qué recibe San Isidro a cambio?
La supuesta contraprestación es la posibilidad de facturar a obras sociales el costo de las prestaciones brindadas —algo que San Isidro ya venía haciendo desde hace años: atendía a todos los vecinos, y recuperaba luego de aquellos que tenían obra social o prepaga.
Para colmo, concejales de la oposición han solicitado informes advirtiendo que los nuevos tarifarios a utilizar serían incluso menos beneficiosos que los vigentes hasta ahora. Es decir, podría cobrarse menos por lo mismo.
Lo que se presenta como una mejora administrativa o una ventaja financiera, en realidad, es un canje desigual: abrir el sistema de salud local a toda la Provincia, a cambio de una compensación simbólica, tardía y desactualizada.

Una decisión que rompe con décadas de esfuerzo.
Durante más de tres décadas, San Isidro sostuvo un modelo de salud distinto.
Los turnos, la atención de las guardias de emergencias, las camas de internación y los medicamentos estaban pensados y gestionados prioritariamente para los vecinos que viven y pagan impuestos en el distrito.
Eso ya no existe.
Hoy, el hospital está abierto a toda la Provincia. A cambio de un recupero escaso, el Municipio pierde el control sobre su recurso más valioso: la salud pública local.
La guardia está saturada. Conseguir un turno es cada vez más difícil. Las camas son limitadas. Y hay personas que deben llevar sus propios insumos médicos para ser atendidas.

¿Integración o colapso?
Desde el gobierno provincial, la medida se presenta como un avance hacia un sistema más inclusivo. Pero para muchas familias de San Isidro, se percibe como el inicio del fin de un modelo que costó décadas construir, basado en el esfuerzo local y en la prioridad para quienes sostienen el sistema con sus impuestos.

¿Integración o sobrecarga? ¿Mejora o retroceso?
El debate está abierto. Las consecuencias, ya están en marcha.