“No hay que repetir errores”, se escuchó varias veces en las reuniones secretas que se realizaron entre el lunes y martes en el Ministerio de Seguridad de la Nación, con presencia de los jefes de todas las fuerzas federales y representantes de la Policía de la Ciudad. Uno de los cambios respecto al miércoles pasado apunta a la estrategia judicial si hay incidentes y detenidos. “Dependerá de los delitos que se cometan, pero se habló de priorizar a la justicia federal”, dijo uno de los participantes de esos encuentros. Eso implicaría esquivar, lo más posible, a la justicia de la Ciudad. Todos los responsables del operativo de seguridad están disconformes con la actuación, el miércoles pasado, de la jueza contravencional Karina Andrade, que liberó en tiempo récord a 114 detenidos y terminó denunciada en Tribunales y en el Consejo de la Magistratura.

En el comando unificado que se dispuso para coordinar el operativo de este miércoles habrá una mesa conjunta de judiciales e investigaciones, que se encargará de asesorar a las fuerzas de seguridad e intentará ser un nexo con los actores de la Justicia. “Si hay detenidos, dependerá de cada delito, para definir si interviene la justicia de la Ciudad o la federal”, repitieron todos los funcionarios consultados.

En Comodoro Py están alertas. La jueza que intervendría es María Eugenia Capuchetti junto con el fiscal Ramiro González. “Si hay incidentes graves se utilizará la figura de la intimidación pública para que intervenga el fuero federal”, advirtió uno de los funcionarios al tanto de la estrategia.

Si son delitos menores y se recurre a la Justicia porteña, ya no estará Andrade porque se venció su turno. En su lugar actuaría la jueza Araceli Martínez, que tiene otro perfil.

No sería la primera vez que se recurre a la Justicia federal por una marcha en las inmediaciones del Congreso. En junio del año pasado, con motivo de la protesta por la Ley Bases, intervino la jueza María Servini y terminó liberando a la mayoría de los detenidos. Es más, la magistrada cuestionó el accionar de las fuerzas federales y hasta cuestionó los sumarios por cada detenido. “Los expedientes y las actuaciones vinieron muy en blanco. No teníamos elementos. Hicimos lo que pudimos hacer”, argumentó Servini en ese momento.

Por los incidentes de esa marcha, solo quedaron detenidos cinco personas que luego fueron procesadas con prisión preventiva.

En las reuniones de coordinación que se hicieron en las últimas horas, entre Nación y Ciudad, se decidió reforzar los controles en los accesos a la Ciudad y utilizar vallas en los alrededores al Congreso, para evitar el “cuerpo a cuerpo” entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad. También hubo recriminaciones por el operativo del miércoles pasado y se escuchó algún reclamo concreto por los piedrazos contra la Casa Rosada. “Eso no puede volver a pasar”, dijo uno de los presentes.

El miércoles pasado, las fuerzas de seguridad recurrieron a la justicia de la Ciudad y la decisión quedó en manos de Karina Andrade. La magistrada -que recibió los votos del peronismo y del kirchnerismo en la Legislatura- liberó a todos los detenidos a las 2 de la madrugada argumentando que las fuerzas de seguridad no aportaron la información necesaria sobre los hechos. Pero también habló del derecho a la libertad de expresión y a protestar. La resolución destacaba que en el caso “se encontraban en juego derechos constitucionales fundamentales como son el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia, a peticionar ante las autoridades, a la libertad de expresión, entre otros” y que esos derechos “no pueden ser ejercidos de manera absoluta, que se encuentran limitados por las leyes que reglamentan su ejercicio”.

La decisión generó el enojo del Gobierno nacional. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich presentó una denuncia penal contra Andrade por los delitos de “prevaricato, Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público y Encubrimiento Agravado”. El fiscal Eduardo Taiano ya dictaminó que esa presentación debería tramitar en la justicia de la Ciudad.

Al margen, la jueza ya recibió tres denuncias en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad por mal desempeño, confirmaron ayer fuentes oficiales. Las presentaciones llevan la firma de los legisladores Facundo Del Gaiso (Coalición Cívica) y Yamil Santoro (Republicanos Unidos), y de un abogado de la provincia de Río Negro.

“Se podría considerar que el accionar de la magistrada resulta irregular, ya que resolvió la liberación inmediata de 114 personas detenidas sin haber controlado la prueba ni verificado la existencia de antecedentes penales. Esta decisión resulta aún más grave si se tiene en cuenta que, varios de los involucrados presentaban un historial delictivo por lesiones, atentado contra la autoridad, amenazas agravadas, tenencia de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y robos, entre otros delitos”, explica la denuncia de Del Gaiso.

A esas presentaciones se sumaría otra del Ministerio de Seguridad de la Nación.

“Una vez que las denuncias estén ratificadas se estudiarán en la Comisión de Disciplina y Acusación, que tiene un plazo de 60 días para acusar o desestimar”, explicó una fuente que conoce el trámite interno. El final de ese proceso podría ser un juicio político contra la jueza, aunque hay muy pocos antecedentes.

Al margen de la polémica, la jueza siguió investigando y ordenó detener esta madrugada a un barrabrava de All Boys, acusado de ser uno de los responsables de incendiar un patrullero de la Policía de la Ciudad durante la marcha de la semana pasada. Se trata de Fernando David Yurquina (46), quien en redes sociales se hace llamar Eric Morales. El sospechoso fue identificado mediante el análisis de imágenes obtenidas de medios públicos y privados, así como de publicaciones suyas en redes sociales.