San Isidro era una rareza en el mapa bonaerense: seguridad, prevención, gestión. Con Gustavo Posse, se mantuvo un sistema de protección basado en datos, inversión y planificación.

Desde la llegada de Ramón Lanús, esa arquitectura institucional se vino abajo.
En solo un año, se desactivaron los móviles de reserva, los operativos se redujeron, y los agentes quedaron a la deriva: forzados a cobrar solo por banco, muchos de ellos hoy no pueden sostener a sus familias.

La gestión calla. Las cámaras no se monitorean. Los barrios emblemáticos están más desprotegidos que nunca.
¿Es esto lo que se votó? ¿Por qué no hay explicaciones? ¿Se destruyó a propósito un modelo de 20 años?