En abril de 2025, la Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz (UNSO) comenzó sus tareas de mantenimiento preventivo en sus instalaciones del Campus Tren de la Costa, en el Bajo de San Isidro. Las obras incluían trabajos de impermeabilización en techos y solados con el objetivo de anticiparse a las filtraciones propias de la temporada de lluvias.

Sin embargo, en plena ejecución de las tareas, en un accionar polémico y llamativamente sospechoso, la Municipalidad de San Isidro —con Ramón Lanús a la cabeza— ordenó la paralización de los trabajos. Esto se instrumentó a partir de una resolución del Juzgado de Faltas Municipal, a cargo de Agustín París Loye, funcionario designado por el propio Intendente.

Con las lluvias de mayo, llegaron nuevos inconvenientes para la casa de estudios. El resultado: aulas con filtraciones de agua, humedad visible en paredes y techos, y espacios inutilizables para el dictado de clases. Las imágenes que circularon en redes sociales son elocuentes. Pero lo más fuerte fue la reacción de la comunidad educativa: alumnos y docentes manifestaron su indignación ante lo que consideran una decisión arbitraria y perjudicial para el normal desarrollo de las actividades académicas.


Una universidad que crece… y molesta
La UNSO es una casa de estudios en expansión. Año a año suma nuevas carreras y estudiantes. Ofrece formación en áreas estratégicas como Ciberseguridad, Criminología, Economía, Derecho, Gestión Ambiental, Enfermería, Emergencias Médicas, Videojuegos, Edición Audiovisual y Psicopedagogía, entre otras.

Su solidez institucional fue reconocida por el propio Ministerio de Seguridad de la Nación, en cabeza Patricia Bullrich. Recientemente, la Ministra firmó un Convenio junto a la Rectora de la Universidad, la Dra. Adriana López, para impulsar la formación profesional en seguridad y ciberdelito. La ministra Patricia Bullrich elogió públicamente al cuerpo docente de la carrera de Ciberseguridad y destacó el perfil técnico de sus egresados, muchos de los cuales colaboran activamente en investigaciones y persecución de delitos tecnológicos.

Además, en el último tiempo la Universidad firmó convenios con numerosos municipios de la Provincia de Buenos Aires, interesados en apoyarse en el alto nivel académico de la UNSO.

Este crecimiento sostenido convirtió a la casa de estudios en un referente regional de educación superior gratuita y de calidad, en la que organismos del Estado se apoyan para ejecutar políticas públicas estratégicas.

¿Un conflicto técnico o una decisión política?
Lo cierto es que las tareas de mantenimiento estaban dentro de lo previsto por la universidad, no fueron una reacción improvisada a una emergencia, sino una acción planificada para prevenir los daños que finalmente ocurrieron. A pesar de ello, el Juzgado de Faltas Municipal decidió frenarlas.
El funcionario que firmó la resolución, Agustín Loye, ya había sido denunciado en diciembre de 2019 por maltrato y acoso sexual durante una fiesta institucional de Nación Seguros en La Rural, cuando era funcionario de la institución. La denuncia fue presentada por una trabajadora que relató los hechos acompañada por representación sindical, y el caso derivó en su renuncia forzada tras la intervención del Banco Nación y los gremios del sector.

Ahora, como juez de faltas en San Isidro, su decisión de paralizar una obra de mantenimiento educativo lo vuelve a poner en el centro de la polémica junto a Ramón Lanús.

Educación o burocracia
Mientras el Municipio y el Juzgado de Faltas evalúan expedientes, la realidad en el aula no espera. Las clases fueron suspendidas en varias materias, la humedad avanza y las tareas no pueden reanudarse sin autorización oficial.

En nombre del Código de Edificación Municipal, la Municipalidad de San Isidro dejó inutilizables espacios clave de una universidad pública nacional. Y lo hizo justo cuando esa institución consolidaba convenios estratégicos con el Estado nacional y proyectaba nuevas carreras con impacto directo en la sociedad.

La pregunta es inevitable:
¿Se trata de una cuestión técnica, o de una decisión política con consecuencias concretas en la vida universitaria de cientos de estudiantes?