Cinco fiscales federales pidieron esta semana la detención de exdirectivos de Terminal Puerto Rosario (TPR) en una causa que describe cómo una terminal portuaria de uso público sirvió, durante casi 16 años, para integrar al circuito legal dinero de dos orígenes distintos: sobornos cobrados en España y ganancias del narcotráfico en Rosario. La maniobra, según la acusación, combinó aportes societarios de origen ilícito, ventas accionarias al sector agroexportador y un convenio de deuda simulado que sacó dólares al exterior.

El eje: un contador ya condenado por narcotráfico

El principal apuntado es Gustavo Pedro Shanahan, contador de 67 años y expresidente de TPR. En 2023, un tribunal oral ya lo había condenado a siete años de prisión por integrar la organización de un narcotraficante peruano. Desde una financiera ubicada en calle España al 889, una de las cuevas de cambio más grandes de Rosario, Shanahan proveyó dólares para la compra de cocaína. Un allanamiento realizado en octubre de 2021 en ese local permitió secuestrar más de 34 millones de pesos, divisas, más de cuatro kilos de cocaína y armas.

La causa actual agrega otra capa. Entre 2004 y 2005 ingresaron a TPR fondos provenientes de una firma offshore vinculada a Jordi Pujol Ferrusola: 1.850.000 euros transferidos a una sociedad local, que usó ese capital para financiar el crecimiento de la concesionaria. La justicia española determinó, en un fallo confirmado en 2021, que el patrimonio de esa familia tuvo origen en comisiones y sobornos vinculados a la adjudicación de obra pública y licencias urbanísticas en Cataluña durante décadas.

El esquema, paso por paso

El Ministerio Público Fiscal describe el mecanismo en tres etapas. Primero, el dinero de origen ilícito entraba al puerto disfrazado de inversión societaria. Luego, entre 2010 y 2012, el paquete accionario se vendió por tramos a empresas del sector agroexportador, transformando el activo: lo que había entrado como inversión salía como precio de venta. Por último, parte de esos fondos regresó al exterior mediante un convenio de deuda simulado que le transfirió a Shanahan 850.000 dólares en cuotas a una cuenta en los Estados Unidos.

• Etapa 1: ingreso del dinero como aporte societario de una offshore vinculada a Jordi Pujol Ferrusola (2004-2005).
• Etapa 2: venta del paquete accionario a firmas agroexportadoras entre 2010 y 2012, que convirtió fondos ilícitos en precio de venta lícito.
• Etapa 3: repatriación al exterior mediante un convenio de deuda simulado, con diez contratos de préstamo señalados por los fiscales para retirar efectivo de inmediato.

Para el tramo final, los fiscales apuntan al menos diez contratos de préstamo entre empresas del grupo y otras firmas, en los que se depositaban cheques y se retiraba el equivalente en efectivo de inmediato, con el único fin de obtener divisas que luego terminaban en el exterior. La maniobra, según la imputación, buscaba dotar de apariencia legal a fondos que nunca perdieron su origen ilícito.

La acusación sostiene que TPR, concesionaria del puerto de Rosario —ubicado sobre el río Paraná a la altura del kilómetro 418 de la ruta nacional 9—, operó como una pantalla societaria. Los fiscales pidieron un embargo sobre los bienes de los imputados por alrededor de 100 millones de dólares. La próxima instancia será resolver los pedidos de detención y, en paralelo, avanzar con las medidas cautelares sobre el patrimonio vinculadas al expediente.

La causa es instruida por el Ministerio Público Fiscal federal de Rosario y se tramita bajo la carátula de lavado de activos y asociación ilícita. Se aguarda que en las próximas horas el Juzgado Federal competente defina la situación procesal de los exdirectivos y homologue los pedidos de los fiscales para avanzar con la investigación.