La investigación por presuntas estafas reiteradas contra una fábrica de quesos de Mar del Plata mantiene imputada a una mujer de 25 años, quien recuperó la libertad tras negarse a declarar ante el fiscal. El caso, caratulado como "estafa", es instruido por Luis Ferreyra, titular de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos de Necochea.

De acuerdo con lo confirmado por fuentes judiciales, la maniobra analizada abarca 33 operaciones concretadas entre mayo y septiembre, con un perjuicio económico que, según trascendió, supera los 60 millones de pesos. La mecánica consistía en requerir mercadería por vía telefónica y remitir, a través de aplicaciones de mensajería, comprobantes bancarios que aparentaban acreditar el pago. Luego, un tercero designado por la sospechosa retiraba los productos en la planta.

Cómo se originó la denuncia

La pesquisa se inició tras un alerta comercial. Un comerciante de la zona de Necochea, al observar que la mujer revendía los productos a precios llamativamente bajos, advirtió a los titulares de la pyme. Esa advertencia llevó a los dueños a revisar el ingreso del dinero correspondiente al último pedido: comprobaron que el depósito nunca se había acreditado. Extendido el control hacia atrás, detectaron que tampoco habían recibido los fondos de las compras anteriores.

Los propietarios radicaron la denuncia el 11 de septiembre en la UFIJ N°10, a cargo de la fiscal Paula Bosca. Personal de la DDI Necochea avanzó con las primeras pruebas y, por directivas del fiscal Ferreyra, se realizó un allanamiento en el domicilio de la sospechosa, ubicado en calle 519 al 3100, en Quequén.

Elementos secuestrados y próxima instancia

Durante el procedimiento fueron secuestrados 95 quesos, tres teléfonos celulares, una balanza, un rollo de bolsas, un cuaderno con anotaciones —presumiblemente registro de las operaciones— y 11.400 pesos en efectivo. La imputada fue trasladada a Mar del Plata, alojada en dependencias policiales y, tras negarse a declarar, recuperó la libertad horas después, aunque el expediente continúa abierto.

La causa quedó a disposición de la fiscalía de Delitos Económicos, que aguarda los resultados de los peritajes sobre los celulares secuestrados y los comprobantes aportados por la víctima. La próxima instancia prevista es la ampliación de la declaración de los dueños de la pyme y la convocatoria a declarar del transportista que retiró la mercadería.