La jueza federal María Servini resolvió el procesamiento con prisión preventiva de Raúl Martins, exintegrante de la SIDE, por el delito de lavado de activos, y ordenó trabar un embargo sobre sus bienes por 300 millones de pesos. La medida se adoptó tras la extradición del acusado desde México, concretada en las últimas semanas.

La hipótesis de la investigación

La resolución judicial sostiene que Martins habría intervenido en un conjunto de operaciones destinadas a incorporar al circuito económico formal fondos presumiblemente obtenidos a través de la explotación sexual de mujeres. La magistrada tomó en cuenta la actuación de sociedades constituidas en la Argentina y en el extranjero, los poderes de administración otorgados y la intervención de familiares directos del imputado.

Según la jueza, aun cuando Martins no figure formalmente como beneficiario de las firmas, mantuvo el control efectivo de la estructura y la utilizó para administrar y, en algunos casos, ocultar bienes de origen ilícito. Servini concluyó que la fecha de constitución de las empresas no resulta determinante, dado que una sociedad creada con anterioridad puede ser empleada después para canalizar dinero proveniente de actividades delictivas.

• Carátula: lavado de activos.
• Fiscalía interviniente: a confirmar en la siguiente instancia procesal.
• Embargo: 300 millones de pesos sobre los bienes del procesado.
• Prisión preventiva dictada por la jueza María Servini.
• Origen de la pesquisa: denuncia anónima recibida el 6 de marzo de 2013 por el Ministerio de Seguridad.
• Hecho inicial: local de avenida Juan B. Justo 5302, en Villa General Mitre.

Los planteos de la defensa

Durante la indagatoria, Martins optó por no responder preguntas y presentó un escrito en el que reclamó su sobreseimiento o, en subsidio, la falta de mérito. Argumentó que las 26 operaciones que se le atribuyen —compras de inmuebles y administración de sociedades— se habrían concretado entre 2009 y 2012, es decir, antes del período que la justicia consideró probado para el delito de explotación sexual, fijado entre enero de 2013 y octubre de 2014.

Además, señaló que la condena anterior por trata se circunscribía al local de avenida Juan B. Justo 5302 y que las acusaciones referidas a otros nueve establecimientos habían sido archivadas por inexistencia del delito. Servini rechazó esa línea argumental al entender que, aun con esos antecedentes, existían elementos suficientes para avanzar con el procesamiento.

El expediente se inició el 6 de marzo de 2013, a partir de una comunicación anónima al Ministerio de Seguridad que alertaba sobre una posible explotación sexual de menores en el local de Villa General Mitre. Martins, de 77 años, había sido detenido en México en 2019 y su traslado desde Cancún quedó a cargo de personal argentino, según fuentes vinculadas al caso.

Con el procesamiento firme, la próxima instancia será la elevación de la causa a juicio oral. La defensa del exagente de la SIDE confirmó que apelará la resolución y pedirá que se revise la prisión preventiva, mientras el embargo sobre los bienes quedará vigente hasta tanto se resuelva la situación patrimonial del imputado. Mariela Zabala, Policiales y judiciales.