Cuando se habla de seguridad en un municipio como San Isidro, no se trata sólo de evitar delitos. Se trata de garantizar que una familia pueda hacer su vida diaria con tranquilidad: ir al colegio, volver del trabajo, salir a caminar o hacer compras sin pensar dos veces cómo esquivar la inseguridad.
Esa sensación, según cada vez más vecinos entre 30 y 40 años, hoy está en duda.
Testimonios en redes barriales y foros vecinales coinciden en una percepción: la presencia municipal se redujo, el aspecto de la ciudad está abandonado, y los hechos de inseguridad —que ya no hace falta denunciar— están aumentando.
Un supuesto relevamiento compartido por vecinos organizados distintos barrios sugiere que el patrullaje municipal dejó de cubrir de forma regular ciertos corredores clave, y que en horarios como el de entrada o salida de hogares, ya no se ven móviles ni agentes como antes.
“Entiendo que San Isidro es conurbano, pero estamos peor que antes. Hoy cuando bajo del auto o lo entro a la cochera tengo que tener mil cuidados”, dice Luciana, 36 años, madre de dos.
Los reclamos por alumbrado público son cada vez más frecuentes. La combinación de oscuridad, menor presencia municipal y silenciamiento de los incidentes genera una percepción de desprotección. Y eso afecta no solo a quien fue víctima de un hecho puntual, sino a toda la comunidad que modifica su conducta por miedo.
En este segmento, los vecinos no piden blindaje. Piden gestión. Piden sostener lo que durante años funcionó bien y ahora parece haberse descuidado.
La política de seguridad no puede ser solo reactiva. No alcanza con “investigar”. Lo que protege es la prevención sostenida, la respuesta rápida y la presencia visible.
Y si eso estaba —y hoy no está—, la ciudadanía tiene derecho a reclamarlo.
Porque cuando el miedo entra en la rutina, la ciudad deja de ser libre.