Prisión preventiva para los dueños de Autos Pilar Premium por una presunta estafa con vehículos de alta gama

La jueza de Garantías de Pilar Andrea Rodríguez Mentasty firmó en las últimas horas la prisión preventiva de Carlos Alberto González, de 43 años, y Cynthia Chamoles, de 44, titulares de la concesionaria Autos Pilar Premium. La medida fue requerida por el fiscal Andrés Quintana, quien lleva adelante la investigación.

Según la acusación, los imputados están sindicados como jefes de una asociación ilícita, en concurso real con estafa, defraudación por retención indebida y defraudación por administración infiel. La magistrada fundó su resolución en dos riesgos procesales: el peligro de fuga y el entorpecimiento de la investigación.

Los argumentos de la magistrada

En cuanto al peligro de fuga, Rodríguez Mentasty consideró la multiplicidad de hechos y de víctimas, los grandes perjuicios ocasionados y la logística empleada por los imputados. Sobre el entorpecimiento de la investigación, ponderó la magnitud del perjuicio económico, la disponibilidad de recursos y logística para ocultar activos y la posibilidad de manipular documentación relevante.

“La medida cautelar de la prisión preventiva se presenta como el único medio idóneo para asegurar de manera efectiva los fines del proceso.”Jueza Andrea Rodríguez Mentasty

El esquema bajo investigación

• Recibían pagos totales en dólares por vehículos que nunca entregaban a los compradores.
• Tomaban automóviles de particulares en consignación, concretaban la venta y no transferían el producido a los dueños originales.

Entre las víctimas identificadas en el expediente figuran un hombre que entregó una camioneta Ford Ranger Raptor para su venta en consignación sin firmar la transferencia de dominio y al cual los imputados le vendieron el rodado y desviaron los fondos; otra persona que transfirió 29.000 dólares por un automóvil que nunca recibió; y un tercero que cedió un Ford Mustang 2022 para exhibirlo en el salón, a la espera de recuperarlo o de recibir un vehículo de valor equivalente.

La investigación quedó a cargo del fiscal Quintana y, según pudo reconstruir este medio, la próxima instancia será la formulación de la requisitoria de elevación a juicio, una vez completadas las medidas de prueba pendientes.