El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires resolvió apartar de manera preventiva al juez Ernesto García Maañón, integrante de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Isidro. El magistrado ya se encontraba en uso de licencia por disposición de la Suprema Corte provincial.

El origen de la denuncia y la investigación penal

El expediente se abrió en julio de 2025, cuando una funcionaria de la cámara presentó una denuncia ante la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte. En su relato describió mensajes con comentarios sobre su aspecto físico y su vestimenta, además de propuestas de encuentros personales, y acompañó la presentación con chats y audios como respaldo.

A partir de ese planteo se sustanció un sumario administrativo y una investigación penal preparatoria a cargo del fiscal José Amallo. En noviembre de 2025, la Procuración General bonaerense formalizó la denuncia ante la Secretaría Permanente del Jurado, lo que dio inicio formal al trámite del jury. Luego se acumuló al expediente una presentación del Colegio de Abogados de San Isidro.

Los seis cargos que pesan sobre el magistrado

• Acoso y conductas inapropiadas hacia mujeres.
• Malos tratos reiterados a empleados y funcionarios, mediante descalificaciones y órdenes arbitrarias.
• Uso de recursos del Estado con fines de beneficio personal.
• Trato irrespetuoso hacia superiores y utilización de su posición institucional con fines intimidatorios.
• Presuntos intentos de influir sobre testigos para evitar declaraciones en su contra.
• Delegación irregular de su firma digital, en posible violación de la normativa vigente.

El jury es presidido por el titular de la Suprema Corte provincial, Sergio Gabriel Torres, y se integra con conjueces abogados y conjueces legisladores designados por la normativa vigente. La Procuración General, a través del fiscal Amallo, es la encargada de sostener la acusación en el proceso.

Según lo confirmado en el expediente, el proceso continúa ahora con la producción y valoración de la prueba ofrecida por las partes, en particular los chats y audios aportados por la denunciante. Hasta el momento, lo que trascendió de la instrucción coincide con los seis cargos ya formalizados, aunque no se descarta que surjan nuevas piezas durante la etapa probatoria.

La próxima instancia será la audiencia de prueba y descargo ante el Jurado, donde la acusación deberá acreditar los hechos imputados y la defensa del magistrado ejercerá su derecho a responder. La resolución final del jury podría derivar en la destitución, una sanción disciplinaria o el sobreseimiento del juez, según el resultado del juicio de responsabilidades.