Un universo de jubilados y pensionados con domicilio acreditado en la Ciudad de Buenos Aires accederá en el corto plazo a la posibilidad de viajar en subte sin costo, según establece la ley recientemente sancionada por la Legislatura porteña. El beneficio se activa mediante el documento nacional de identidad apoyado en el molinete, sin necesidad de tramitar una credencial ni un pase especial.

La norma alcanza a quienes perciban ingresos previsionales de hasta dos coma cinco haberes mínimos y acrediten residencia en territorio porteño, condición que también deben cumplir los retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad para quedar comprendidos en el régimen.

Acceso sin restricciones horarias ni tope de días

Una de las modificaciones centrales respecto de esquemas anteriores es la eliminación de las franjas horarias restringidas: el beneficio se extiende a todos los días del año y a la totalidad del horario de servicio. En los hechos, esa disposición habilita el uso de la red para traslados en horarios atípicos, como turnos médicos en la primera mañana, trámites administrativos fuera de hora pico o desplazamientos nocturnos.

La habilitación en el sistema tendrá una vigencia de cinco años, con posibilidad de renovación siempre que el beneficiario mantenga las condiciones de residencia e ingresos exigidas por la norma. El mecanismo de control, según los términos de la ley, se concentra en el molinete: allí se valida el documento nacional de identidad previamente registrado.

• DNI vigente del solicitante.
• Comprobante de domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.
• Constancia que acredite el nivel de ingresos previsionales, con un tope de dos coma cinco haberes mínimos.
• Alta en el sistema de la administración porteña, que habilita la lectura del documento en el molinete.

El trámite de incorporación se realizará en las sedes comunales, donde se recibirá la documentación requerida. El Gobierno porteño anticipó que los requisitos serán acotados: con el documento nacional de identidad, el comprobante de domicilio y la constancia de ingresos previsionales, la administración registra al beneficiario y activa el acceso en el sistema.

Aunque la ley ya se encuentra sancionada, su implementación efectiva depende del proceso de reglamentación, que deberá completarse en un plazo máximo de 60 días. Esa etapa definirá los puntos de validación, la operatoria técnica en cada estación y la fecha exacta desde la cual el beneficio estará disponible para los usuarios habilitados.