En Córdoba, la espera se vuelve crónica: lo que cuesta acceder a una terapia, una prótesis o un certificado de discapacidad

Son las nueve de la mañana de un martes cualquiera y en la puerta del Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba, Laura, 44, llegó antes de las siete con su hijo en brazos. Tiene el número cincuenta y dos en la mano, una carpeta con estudios y la cara de quien ya pasó por acá. Hoy le dijeron que vuelva en dos meses, otra vez. Yo vengo desde Río Segundo, gastamos nafta, perdemos el día de trabajo y la respuesta siempre es la misma: no hay turno, nos dicen que llamemos más tarde, cuenta, mientras acomoda a su hijo en la silla de ruedas prestada por una vecina del barrio. Lo que para muchos es un trámite más, para esta madre se transformó en una carrera de obstáculos que no termina nunca, y que la obliga a reorganizar la vida entera alrededor de un papel y una fecha que nunca llega.

El cuadro que describe Laura aparece confirmado en el informe que la Defensoría del Pueblo de Córdoba presentó el 5 de octubre de 2026, donde se relevan demoras concretas para acceder al Certificado Único de Discapacidad (CUD), a terapias de rehabilitación, a medicamentos y a prótesis. El trabajo se elaboró a partir de entrevistas individuales y grupos focales con familias, usuarios y prestadores, por lo que sus testimonios describen experiencias vividas y no constituyen una medición estadística que abarque a todos los casos, una aclaración importante para leer los datos con prudencia y no extrapolar lo singular al conjunto del sistema.

Lo que muestra el relevamiento: esperas, gastos y sobrecarga

Para quienes necesitan iniciar el trámite del CUD, el documento señala que la Ciudad de Córdoba cuenta con juntas evaluadoras en siete hospitales, dos de los cuales son pediátricos. En esos nosocomios las citas se otorgan con esperas que van de dos a tres meses, un plazo que se repite a lo largo del informe. Carlos Galoppo, defensor del Pueblo adjunto a cargo del relevamiento, describió demoras de cuatro a nueve meses para acceder a prótesis y medicamentos, y plazos de nueve a catorce meses para ingresar a centros de rehabilitación. Esos rangos corresponden a lo expuesto en el documento y no permiten anticipar cuánto demorará cada trámite particular, ya que cada caso depende del tipo de prestación, de la obra social o del programa estatal que lo financia.

• CUD: turnos con esperas de dos a tres meses en hospitales pediátricos de la ciudad de Córdoba.
• Prótesis y medicamentos: demoras de cuatro a nueve meses según el relevamiento.
• Rehabilitación: ingresos a centros con esperas de nueve a catorce meses.
• Gastos de bolsillo: una madre entrevistada relató pagos de entre $150.000 y $180.000 solo en sesiones, tras dos años de atención particular.
• Sobrecarga de cuidados: testimonios de madres que redujeron su jornada laboral y sus ingresos para sostener los tratamientos.
• Pagos a prestadores: atrasos de varios meses y hasta un año en obras sociales y programas estatales.

Un sistema que se desfinancia y familias que lo bancan igual

El informe también se detiene en el lado de quienes ofrecen las prestaciones y describe un desajuste que golpea de lleno en la continuidad de los tratamientos. Entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, los aranceles del nomenclador nacional de discapacidad aumentaron un promedio del 225%, frente a una inflación acumulada del 336%. En ese mismo período, la nafta súper subió 559% y el valor reconocido por kilómetro para el transporte, apenas 231%, una diferencia que el documento vincula con el achique de servicios y con instituciones que se vieron obligadas a reducir gastos para subsistir.

Mientras el sistema se acomoda como puede, son las familias las que terminan poniendo el cuerpo, el tiempo y la plata. Laura, como tantas otras madres que desfilaron por los grupos focales, resume una sensación que atraviesa todo el relevamiento: cuando finalmente te dan el turno ya tuviste que pagar todo de tu bolsillo, y nadie te devuelve nada. La Defensoría no presenta cifras totales de cuántos casos se repiten ni mide el universo completo de la provincia, pero sí deja a la vista un patrón que los propios usuarios describen con una mezcla de paciencia y hartazgo, y que obliga a preguntarse cuántas familias más, en silencio, están sosteniendo con esfuerzo propio un derecho que debería llegar a tiempo.