Pandanés solicitó la apertura de un salvataje judicial tras cesar pagos y cerrar la totalidad de sus locales

Un pasivo cercano a los 1.200 millones de pesos, 150 empleados desvinculados y 25 sucursales cerradas configuran el cuadro de crisis que atraviesa la cadena de panaderías Pandanés, cuya presentación concursal derivó en la apertura de un procedimiento de salvataje en el Juzgado Comercial N.º 15 a cargo de Pablo Frick.

Según consta en el expediente judicial, la firma arrastra una cesación de pagos desde octubre de 2025. Al solicitar su propia quiebra, la empresa argumentó una caída del consumo superior al 50% respecto de su volumen histórico, un incremento sostenido de los costos y un sobredimensionamiento de la planta industrial inaugurada en noviembre de 2022, de 1.778 metros cuadrados, que había sido pensada para abastecer hasta 50 locales propios.

Factores que la empresa señala como determinantes

• Caída del consumo superior al 50% frente a niveles históricos.
• Suba internacional del precio de los granos, con impacto directo en la harina, insumo central del negocio.
• Incremento de servicios y de salarios actualizados por paritarias.
• Costos fijos sin variación, entre ellos alquileres, energía y personal, sobre una estructura comercial reducida.
• Planta industrial sobredimensionada tras el cierre de casi todas las bocas de expendio.

Lise Lundme Funch, gerente de Pandanés, sostuvo que esos factores provocaron, en palabras recogidas por el expediente, un progresivo e irreversible deterioro de los márgenes y del flujo de fondos. La compañía aseguró haber intentado renegociar alquileres, sustituir proveedores y alcanzar acuerdos con el fisco, sin que esas gestiones alcanzaran para revertir la situación.

El magistrado rechazó declarar la quiebra y ordenó, en el marco del artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras, la apertura de un registro por cinco días para que acreedores, cooperativas u otros interesados puedan inscribirse y presentar propuestas de acuerdo preventivo o adquirir las cuotas sociales. En términos procesales, el salvataje es una vía previa contemplada por la ley para tentar la recuperación de la empresa antes de avanzar sobre la liquidación.

La sindicatura, a su vez, detectó que la firma no habría acreditado el pago de aportes a la obra social, la ART y el resto de las cargas sociales del personal, un señalamiento que se suma al cuadro de deudas reconocido por la propia compañía. Mientras tanto, los trabajadores desvinculados, notificados a través de mensajes de WhatsApp, aún no recibieron los telegramas de despido formales y permanecen a la espera de poder retirar sus pertenencias de los locales cerrados.