Son las diez de la mañana en un pueblo del interior y la sala de espera del hospital ya está completa. Una mujer de unos 50 años, María, me cuenta mientras acomoda el turno en la carpeta que llegó desde el centro de salud de su barrio: "Mi hija tiene 17 y hace ocho meses que pelea con una angustia que no la deja dormir. Primero la atendió una psicóloga del pueblo, pero la internaron dos veces en el hospital cabecera y cada vez nos dicen lo mismo: que no hay cama suficiente, que hay que esperar". Lo que María relata no es un caso aislado: es la postal que se repite, con distintos acentos y nombres, en gran parte del país.

Las internaciones por problemas de salud mental en la Argentina subieron 42% entre 2023 y 2026, y las consultas ambulatorias crecieron 23% solo en el último año, según un relevamiento federal coordinado por la Universidad Nacional de Lanús con datos aportados por las máximas autoridades sanitarias de 14 provincias. El informe, que concentra información de jurisdicciones que representan más del 70% de la población argentina, fue presentado en el Senado en el marco del debate por la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, vigente desde 2010.

Catorce provincias, un mismo diagnóstico

• Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego aportaron datos oficiales al relevamiento.
• La provincia de Buenos Aires concentra el dato más elocuente: el 30% de las consultas en guardias hospitalarias corresponde a problemas de salud mental.
• Creció la demanda de atención de niñas, niños y adolescentes, y de personas que perdieron cobertura de obras sociales o prepagas y migraron al sistema público.
• Entre 2021 y 2026 se incorporaron al menos 388 nuevas camas de salud mental en hospitales generales de todo el país.

Lo que vi al repasar los números es un sistema que intenta expandirse a contrarreloj: trece de las catorce provincias relevadas ampliaron sus redes comunitarias con centros de día, equipos territoriales, viviendas asistidas y dispositivos específicos para consumos problemáticos. Sin embargo, las propias autoridades provinciales reconocieron que esas capacidades están "sobreexigidas" frente a una demanda que no cesa, y que existen dificultades serias para completar los equipos con disciplinas críticas, como psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales especializados.

En el encuentro también participaron representantes de Entre Ríos y Río Negro, que se sumaron a la discusión aunque no figuran en el corte principal del informe. El documento fue elevado a la comisión del Senado que debate la reforma de la ley, y las provincias plantearon que la propuesta en discusión "elimina marcos y garantías sobre los que se sustenta la política de salud mental, sin incorporar el financiamiento necesario para ampliar la capacidad de respuesta de los sistemas públicos". La frase, seca y directa, sintetiza el corazón del reclamo.

Vuelvo a María, a la carpeta bajo el brazo y al colectivo que la trae desde su pueblo hacia el hospital. Detrás de su historia hay un dato frío: las internaciones subieron 42% en tres años y un 12% adicional en los últimos doce meses. Y detrás del dato hay una pregunta que las provincias dejaron planteada en el Senado con todas las letras: aumentar la inversión, ampliar la infraestructura, garantizar el acceso a medicamentos, recuperar una coordinación efectiva entre Nación, provincias y municipios, y producir información epidemiológica nacional de calidad. La lista es larga. La urgencia, también.